Ana Julia Quezada
Investigan a empleados de la cárcel de Ana Julia Quezada, asesina de Gabriel, por tener sexo a cambio de un móvil
Un juzgado investiga a varios funcionarios de la prisión donde se encuentra Ana Julia Quezada que le habrían dado un móvil a cambio de relaciones sexuales
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El Juzgado de Instrucción número 4 de Ávila mantiene abierta una investigación sobre varios trabajadores del centro penitenciario de Brieva, en la provincia de Ávila, por supuestos encuentros sexuales con Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz en 2019. A cambio de estos encuentros, la interna habría recibido un teléfono móvil.
La causa lleva casi un año en marcha y se centra en un posible delito de cohecho cometido por personal de la cárcel de mujeres. La investigación se apoya en varios testimonios, entre ellos el de un educador del centro, que coinciden con las declaraciones de tres internas más y de la actual pareja de Quezada, también reclusa.
Los informes apuntan a que Quezada habría mantenido relaciones sexuales con varios trabajadores del penal, entre ellos el cocinero. Dichos encuentros habrían sido grabados con un dispositivo móvil presuntamente entregado por los propios funcionarios. Con esas imágenes, la reclusa habría intentado presionar a la dirección del centro con el objetivo de lograr su traslado a una prisión en Barcelona.
En uno de los documentos internos, la directora del centro penitenciario, Laura Pérez, ite haber recibido información "de especial relevancia" por parte de un educador. Según el informe, la propia interna confesó tener grabaciones en vídeo en las que aparece un funcionario dentro de su celda.
Intento de realizar un documental
En junio de 2024, la madre de la victima solicitó a la Audiencia de Almería que investigara un intento de Ana Julia Quezada, de firmar un contrato con una productora audiovisual. El objetivo del acuerdo era participar en un documental que, presuntamente, se pretendía vender a una plataforma de streaming.
Denunció entonces que la prisión de Brieva, en Ávila rechazó su implicación en el proyecto tras detectar posibles irregularidades. Entre ellas, el uso no autorizado de un teléfono móvil por parte de la reclusa, lo que encendió las alarmas de la dirección del centro penitenciario.
Ese mismo mes, la madre del menor llevó el caso al Senado. Compareció por primera vez ante la comisión de Interior para reclamar un pacto de Estado que regule los contenidos de género 'true crime'.
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