La jueza envía a David Sánchez al banquillo de los acusados tras rechazar el último recurso del hermano del presidente

La jueza Beatriz Biedma envía a David Sánchez a juicio por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias después de desestimar su último recurso en la causa que investiga una presunta adjudicación irregular de un puesto en la Diputación de Badajoz al hermano de Pedro Sánchez.

El Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz también ha abierto juicio oral contra Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, así como a otras nueve personas por presunta prevaricación y tráfico de influencias. La magistrada recoge el escrito de acusación presentado por la acusación popular representada por 'Manos Limpias', que pide que se condene a Sánchez a tres años de prisión. La organización pide también que devuelva todos sus salarios durante su época en la Diputación.

La acusación popular pide 3 años de prisión

Según denunciaba la acusación popular, el hermano de Pedro Sánchez era conocedor de que el puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios de música pacenses "se había creado para él" y que se presentó a la convocatoria sabiendo que las entrevista al resto de candidatos era "un mero paripé".

"Pese al ilegal nombramiento, no desempeñó su puesto de trabajo y no trabajó habitualmente", lo que "no fue óbice para que sí percibiera el salario que el puesto tuvo adjudicado", agrega el escrito. Asimismo, la acusación considera que se consiguió que se adaptaran las condiciones de su puesto a "sus preferencias personales" de "no tener que acudir diariamente a un despacho" y que la persona que "extraoficialmente le ayudaba" en su proyecto de 'Opera Jóven', Luis María Carrero, también fuera contratado.

El pasado 15 de mayo la Fiscalía instó a la Audiencia de Badajoz a archivar el procedimiento abierto a David Sánche por su contratación en la Diputación de Badajoz, ya que entendían que no existen indicios de criminalidad que permitan atribuir la comisión de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. "Es absurdo prolongar el proceso" que está "condenado al fracaso", comentó el Ministerio Público en su escrito de petición de revocación del auto de procesamiento, así como de sobreseimiento libre.

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