Juzgado
Un juez imputa por primera vez a dos exaltos cargos de Ayuso por las muertes de ancianos en las residencias al inicio de la pandemia
El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid cita como investigados a Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, autores de los protocolos que bloquearon el traslado de ancianos al hospital desde las residencias al comienzo de la pandemia.
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El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid imputa por primera vez a dos exaltos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso por su gestión en las residencias de ancianos durante la pandemia provocada por el coronavirus que comenzó en marzo de 2020.
El juez ha citado el próximo 26 de mayo como investigados a Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, quienes son considerados los autores del protocolo que paralizó el traslado de ancianos desde sus residencias hasta los hospitales durante el inicio de la pandemia.
En esos momentos, Carlos Mur era el director de Coordinación Sociosanitaria y fue la persona que firmó el protocolo que terminó bloqueando el traslado al hospital de miles de ancianos enfermos por motivos como ir en silla de ruedas o sufrir deterioros cognitivos.
El otro investigado, Francisco Javier Martínez Peromingo, fue quien coordinó el 'protocolo técnico' que especificaba cómo ejecutar dicho plan ante la amenaza provocada por el virus. Más tarde, en mayo de 2020, sustituyó a Carlos Mur como director de Coordinador Sociosanitaria.
El pasado 1 de abril, el juzgado reabrió la causa, que llevaba casi tres años archivada provisionalmente, a petición de la Fiscalía Provincial de Madrid, quien actuó a su vez motivada por la denuncia colectiva de 109 familiares de víctimas de residencias durante el covid. Esta demanda de más de cien familiares denunciaba un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal, durante la pandemia.
La reacción de Ayuso
Isabel Díaz Ayuso ya se ha pronunciado sobre la decisión del juzgado. Dice que responde a "un cambio de criterio" de la Fiscalía. En declaraciones a los medios en Pozuelo de Alarcón, Díaz Ayuso se ha limitado a decir que este asunto "estaba archivado desde hace tres años y ahora la Fiscalía ha cambiado de criterio y ha decidido abrirlo".
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