Vivienda
Sánchez pide a las CCAA triplicar la inversión en vivienda y crear una base pública de precios
El presidente del Gobierno ha enviado una carta a los presidentes autonómicos ante de la Conferencia de Presidentes de Barcelona, donde también planteará blindar las viviendas con protección pública.
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Pedro Sánchez planteará a las comunidades autónomas triplicar la inversión pública en vivienda durante la próxima Conferencia de Presidentes, que se celebrará este viernes en Barcelona.
El líder del Ejecutivo propone a las CCAA aumentar hasta 7.000 millones esta inversión, así como crear una base pública de precios de alquiler y compraventa de inmuebles.
Sánchez, que también propone blindar indefinidamente las viviendas con protección pública, ha enviado una carta a los presidentes autonómicos de cara a esa Conferencia de Presidentes, que espera suponga el punto de partida para aprobar un nuevo Acuerdo Estatal para la Vivienda.
De esta forma, la inversión pública en vivienda pasaría de ser de 2.300 millones (Plan Estatal 2022-2025) a 7.000 millones en el periodo 2026-2030.
"Nunca han recibido tantos recursos del Estado como ahora", ha señalado Sánchez. El presidente cree que es "esencial" que algunos de esos recursos "se destinen a construir y rehabilitar más vivienda pública, en régimen de propiedad y alquiler".
Propone crear una base de datos pública
Además, el presidente del gobierno propone a las comunidades crear una base de datos publica que permita "acabar con el monopolio de la información de los portales privados" para que las istraciones estatales y la ciudadanía puedan conocer los precios reales de compraventa o alquiler en su ciudad.
"Solo con esa transparencia se podrán diseñar políticas públicas realmente eficaces y ayudar a la ciudadanía a negociar de forma adecuada el precio de su casa", defiende Moncloa.
El presidente no se queda ahí, también ha planteado a las comunidades la posibilidad de blindar de forma indefinida la calificación de las viviendas con protección pública.
"En los últimos 45 años, las istraciones públicas construyeron en España más de 2,4 millones de viviendas protegidas, pero la práctica totalidad de esas viviendas acabaron siendo descalificadas y vendiéndose en el mercado libre a precios elevados o en manos de fondos buitre", sostiene Moncloa.
Por estas razones, la intención del Gobierno es que los presidentes autonómicos se comprometan a que todas "las viviendas que se financien con dinero público mantengan de forma permanente su calificación de vivienda protegida y, por tanto, ofrezcan siempre una alternativa asequible de propiedad o alquiler para la ciudadanía".
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